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La caída del régimen de Asad marca el comienzo de una transformación largamente esperada en Siria. Por primera vez en décadas, se ha abierto un espacio para hablar libremente sobre justicia, rendición de cuentas y reconciliación. Es un momento lleno de incertidumbre y dolor, pero también de inmensa esperanza.
Como herramienta de política exterior, las sanciones han sido utilizadas históricamente por uno o más Estados para coaccionar un cambio de conducta o política. Sin embargo, en los últimos años, los Estados han impuesto cada vez más sanciones a los actores responsables de violaciones de los derechos humanos, lo que ha ampliado su potencial para promover los objetivos de justicia transicional. Ahora, el ICTJ publica un nuevo informe que analiza este potencial, así como los obstáculos a la justicia que pueden generar las sanciones.
El 1 de febrero de 2025, el ICTJ facilitó una reunión entre familiares de personas desaparecidas y detenidas; el presidente de transición de Siria, Ahmed Al-Sharaa; y el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad Al-Shaibani, en el Palacio Presidencial de Damasco. Los asistentes presentaron una serie de demandas urgentes específicas relacionadas con las personas desaparecidas forzadamente, mientras que el presidente Ahmed Al-Sharaa subrayó el compromiso del gobierno con la cuestión.
La transición de Sudán del Sur hacia un gobierno democrático mediante las primeras elecciones generales de su historia desde la independencia, tendrá que esperar dos años más. A pesar de esta última prórroga, el país ha logrado importantes hitos en su proceso de justicia transicional.

Como parte de la nueva campaña digital "Reparations Build Justice", el equipo del ICTJ desea compartir el discurso inaugural pronunciado por la directora de programas y directora ejecutiva adjunta del ICTJ, Anna Myriam Roccatello, en una reciente conferencia sobre cuestiones relacionadas con la concesión de reparaciones a través de los tribunales penales internacionales. En sus comentarios, Roccatello describe el vínculo irrompible entre la rendición de cuentas y la reparación, así como el compromiso inquebrantable del ICTJ con las víctimas de abusos masivos de los derechos humanos.

Del 2 al 6 de diciembre de 2024, la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el órgano legislativo y de supervisión administrativa de la corte, celebró su 23.° período de sesiones en La Haya. Como en años anteriores, el ICTJ participó activamente y sus expertos se sumaron a muchos de los debates, compartiendo sus conocimientos y perspectivas. El ICTJ organizó dos eventos paralelos, uno centrado en las víctimas sirias y otro en las reparaciones a las víctimas del norte de Uganda.
La caída del régimen de Bashar al-Assad tras 53 años de gobierno autoritario marca un momento significativo en la búsqueda de la justicia, la paz y los derechos humanos. Si bien esta transición abre la puerta a nuevas posibilidades, también pone de manifiesto los inmensos obstáculos y responsabilidades que nos esperan.

El ICTJ acompañó a más de 10 víctimas sudanesas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para asistir a las declaraciones finales en el caso El Fiscal contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"). Las declaraciones tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre. El ICTJ apoyó a la CPI en la selección de las partes interesadas, que fueron elegidas por sus fuertes vínculos con las comunidades afectadas.

En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

En los países donde las instituciones estatales tienen un alcance limitado, la justicia comunitaria e informal suele ser la forma más común para que las personas resuelvan sus disputas y busquen justicia. Este tipo de justicia es un elemento importante de un enfoque centrado en las personas que busca construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Sin embargo, la comprensión de la relación entre la justicia comunitaria y la justicia transicional ha sido poco desarrollada. Un nuevo informe del ICTJ proporciona una valiosa investigación empírica y cualitativa sobre el tema, en el contexto de Sudán del Sur.