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Mucho antes de la existencia del ICTJ, las sociedades de todo el mundo ya lidiaban con los dilemas de justicia derivados de los conflictos violentos, y las víctimas, las comunidades y sus líderes valientes encontraban sus propias respuestas. Lo que faltaba era un espacio donde las personas que habían participado en esas diversas experiencias pudieran reunirse, compartir conocimientos y lecciones, y construir una comunidad para responder conjuntamente a los desafíos cambiantes en materia de justicia y paz. En 2001, el ICTJ se creó para ser ese espacio y para impulsar un esfuerzo colectivo que abordara las violaciones masivas de los derechos humanos y construyera un futuro pacífico, inclusivo y justo.

En Chad, el Acuerdo de Paz de Doha de 2022 y los subsiguientes debates nacionales sobre la reconciliación han brindado una oportunidad única para que los chadianos afronten las consecuencias de las violaciones de derechos humanos del pasado. Durante los últimos meses, el ICTJ ha estado evaluando si esta oportunidad podría constituir un punto de partida viable para la justicia transicional en el país.

En las últimas décadas, se ha reconocido cada vez más la relación entre los conflictos violentos y el medio ambiente. La guerra puede causar graves daños a los ecosistemas, y la escasez de recursos puede ser un factor determinante en los conflictos. Si bien el panorama actual para la integración de las cuestiones ambientales en los esfuerzos de consolidación de la paz puede parecer desalentador, existen motivos para la esperanza.

Para muchos libaneses, ya no es un hecho excepcional ser desplazado. En este artículo de opinión, Firas BouZeineddine establece una conexión entre la grave situación que atraviesan muchos libaneses y la cultura de impunidad que impera en el país. En particular, exige que tanto los actores nacionales como los externos rindan cuentas por las violaciones cometidas, tanto pasadas como presentes.

En el tercer aniversario de la brutal guerra en Sudán, es momento para reflexionar sobre un conflicto que rara vez recibe la atención mediática que merece y para considerar a los millones de sudaneses atrapados en ciclos de violencia.

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca extinguir la responsabilidad penal por ciertos actos cometidos en el país durante los últimos 26 años. Si bien la ley ha generado debate, sin duda representa un avance significativo en el panorama político del país.

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

El 6 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable al exlíder de la milicia Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido como Ali Kushayb), de 27 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Este veredicto histórico rompe con los ciclos de impunidad en Sudán y envía un mensaje contundente de que estos crímenes no se toleran.

El 8 de agosto, Armenia y Azerbaiyán firmaron la Declaración Conjunta sobre las Relaciones Futuras. Considerada por algunos como un "acuerdo de paz histórico", no es un tratado ni pone fin al conflicto de Nagorno-Karabaj, que ya cumple 37 años. Se trata, más bien, de un marco político que requiere apoyo y atención internacionales.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.