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Mucho antes de la existencia del ICTJ, las sociedades de todo el mundo ya lidiaban con los dilemas de justicia derivados de los conflictos violentos, y las víctimas, las comunidades y sus líderes valientes encontraban sus propias respuestas. Lo que faltaba era un espacio donde las personas que habían participado en esas diversas experiencias pudieran reunirse, compartir conocimientos y lecciones, y construir una comunidad para responder conjuntamente a los desafíos cambiantes en materia de justicia y paz. En 2001, el ICTJ se creó para ser ese espacio y para impulsar un esfuerzo colectivo que abordara las violaciones masivas de los derechos humanos y construyera un futuro pacífico, inclusivo y justo.

El ICTJ celebra el reconocimiento de Navi Pillay como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 y expresa su profundo agradecimiento por su compromiso de toda la vida con los derechos humanos, el derecho internacional y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales.

En Chad, el Acuerdo de Paz de Doha de 2022 y los subsiguientes debates nacionales sobre la reconciliación han brindado una oportunidad única para que los chadianos afronten las consecuencias de las violaciones de derechos humanos del pasado. Durante los últimos meses, el ICTJ ha estado evaluando si esta oportunidad podría constituir un punto de partida viable para la justicia transicional en el país.

Con mucha expectativa se han recibido dos pasos cruciales para el proceso de justicia transicional de Gambia: el primero, la creación de la Comisión de Reparaciones en abril de 2025; el segundo, el reciente nombramiento del abogado británico Martin Hackett en abril de 2026 como primer fiscal especial de Gambia. Sin embargo, requieren un apoyo público, político y financiero sostenido para tener éxito.

Para muchos libaneses, ya no es un hecho excepcional ser desplazado. En este artículo de opinión, Firas BouZeineddine establece una conexión entre la grave situación que atraviesan muchos libaneses y la cultura de impunidad que impera en el país. En particular, exige que tanto los actores nacionales como los externos rindan cuentas por las violaciones cometidas, tanto pasadas como presentes.

El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoce la esclavitud de los africanos como el crimen más grave contra la humanidad. Esta resolución es parte integral, si no la culminación, de una iniciativa más amplia de los Estados africanos para obtener reparaciones por injusticias históricas, como la trata transatlántica de esclavos, el colonialismo, el apartheid y el genocidio.

En el tercer aniversario de la brutal guerra en Sudán, es momento para reflexionar sobre un conflicto que rara vez recibe la atención mediática que merece y para considerar a los millones de sudaneses atrapados en ciclos de violencia.

Los recientes ataques israelíes en Beirut y otras zonas pobladas en el Líbano han sido de los más intensos del conflicto hasta la fecha, han destruido infraestructuras críticas y han devastado comunidades civiles. El ICTJ se solidariza inequívocamente con el pueblo libanés y todas las víctimas de la región, y exige el cese inmediato de todos los ataques y amenazas contra las comunidades civiles y la infraestructura.

El 27 de febrero de 2026, la Corte Penal Internacional concluyó la audiencia de confirmación de cargos en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad. Ruben Carranza, experto senior del ICTJ y filipino-estadounidense, reflexiona sobre este caso en el marco de su reciente conferencia sobre justicia transicional y la guerra contra las drogas de Duterte en la Universidad de Georgetown.

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca extinguir la responsabilidad penal por ciertos actos cometidos en el país durante los últimos 26 años. Si bien la ley ha generado debate, sin duda representa un avance significativo en el panorama político del país.