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A finales de abril, en Siria, decenas de residentes de varias ciudades y pueblos se reunieron por primera vez para, por fin, hablar de sus experiencias durante los 14 años de conflicto que desgarró la sociedad y provocó innumerables violaciones de derechos humanos. Estos diálogos comunitarios, organizados por el ICTJ en colaboración con el proyecto Puentes de la Verdad (Bridges of Truth), brindaron un espacio seguro para que los participantes compartieran sus historias y dificultades, hablaran de sus necesidades y expresaran sus esperanzas de justicia y reconciliación.

Con el fin de reforzar la legitimidad del proceso de diálogo que se adelanta en La Habana y que debería conducir a un pacto histórico que podría marcar profundamente el futuro del país, miles de colombianos salen hoy a las calles para manifestar su respaldo a estos diálogos en una gran movilización por la paz, la democracia y la defensa de lo público, cuyo lema es ¡Somos más: Ahora sí la paz!

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

La caída del régimen de Bashar al-Assad tras 53 años de gobierno autoritario marca un momento significativo en la búsqueda de la justicia, la paz y los derechos humanos. Si bien esta transición abre la puerta a nuevas posibilidades, también pone de manifiesto los inmensos obstáculos y responsabilidades que nos esperan.

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

En una entrevista publicada originalmente en "El Espectador", María Camila Moreno, del ICTJ, analiza las primeras decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, las obligaciones del Estado para implementarlas y el lugar vital de la justicia restaurativa para una paz duradera.

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

Los días 5 y 6 de junio de 2024, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE) organizaron la cuarta edición del Seminario de Expertos UA-UE sobre Justicia Transicional en Bruselas, Bélgica. El consorcio que implementa la Iniciativa para la Justicia Transicional en África, liderado por el ICTJ, ayudó a organizar el evento. El seminario exploró cómo los procesos de transición pueden transformar las vidas individuales, las relaciones sociales y las instituciones estatales disfuncionales.