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La transición de Sudán del Sur hacia un gobierno democrático mediante las primeras elecciones generales de su historia desde la independencia, tendrá que esperar dos años más. A pesar de esta última prórroga, el país ha logrado importantes hitos en su proceso de justicia transicional.

Como parte de la nueva campaña digital "Reparations Build Justice", el equipo del ICTJ desea compartir el discurso inaugural pronunciado por la directora de programas y directora ejecutiva adjunta del ICTJ, Anna Myriam Roccatello, en una reciente conferencia sobre cuestiones relacionadas con la concesión de reparaciones a través de los tribunales penales internacionales. En sus comentarios, Roccatello describe el vínculo irrompible entre la rendición de cuentas y la reparación, así como el compromiso inquebrantable del ICTJ con las víctimas de abusos masivos de los derechos humanos.

El 22 de enero de 2025, el ICTJ lanzó su campaña digital “Las reparaciones construyen justicia”, cuyo objetivo es crear conciencia sobre las reparaciones y su contribución vital a la paz y la justicia sostenibles, en particular en países que buscan superar legados de atrocidades masivas.

Del 2 al 6 de diciembre de 2024, la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el órgano legislativo y de supervisión administrativa de la corte, celebró su 23.° período de sesiones en La Haya. Como en años anteriores, el ICTJ participó activamente y sus expertos se sumaron a muchos de los debates, compartiendo sus conocimientos y perspectivas. El ICTJ organizó dos eventos paralelos, uno centrado en las víctimas sirias y otro en las reparaciones a las víctimas del norte de Uganda.

El ICTJ acompañó a más de 10 víctimas sudanesas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para asistir a las declaraciones finales en el caso El Fiscal contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"). Las declaraciones tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre. El ICTJ apoyó a la CPI en la selección de las partes interesadas, que fueron elegidas por sus fuertes vínculos con las comunidades afectadas.

En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

En los países donde las instituciones estatales tienen un alcance limitado, la justicia comunitaria e informal suele ser la forma más común para que las personas resuelvan sus disputas y busquen justicia. Este tipo de justicia es un elemento importante de un enfoque centrado en las personas que busca construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Sin embargo, la comprensión de la relación entre la justicia comunitaria y la justicia transicional ha sido poco desarrollada. Un nuevo informe del ICTJ proporciona una valiosa investigación empírica y cualitativa sobre el tema, en el contexto de Sudán del Sur.

La guerra continua en el Medio Oriente no es un hecho aislado. Representa un ciclo de violencia de 75 años, marcado por agravios históricos, luchas geopolíticas y crisis humanitarias que persisten desde hace décadas. En el último episodio de esta trágica historia, el Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Hasta ahora, el conflicto ha causado una destrucción generalizada, miles de muertos y heridos y más de un millón de personas desplazadas en el Líbano. El país se enfrenta ahora a muchas preguntas intimidantes sobre la reconstrucción, las reparaciones a las víctimas y el tipo de sociedad que surgirá después de la guerra.

Dos años y medio después de la invasión rusa a Ucrania, las víctimas siguen exigiendo justicia por las violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por las cuales han sufrido graves daños y traumas psicológicos. La Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre presuntos crímenes en marzo de 2022. Ahora se enfrenta a un desafío crítico: ¿cómo garantizar que las víctimas ucranianas puedan participar de manera significativa en todas las etapas de sus procedimientos, a pesar de que la corte se encuentra lejos del conflicto?