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En el caso del proceso contra Thomas Lubanga, puede que la Corte Penal Internacional (CPI) conceda por primera vez reparaciones a las víctimas de crímenes recogidos en el Estatuto de Roma. Hablamos con Rubén Carranza, director del programa de reparaciones del ICTJ, sobre esas recomendaciones y las posibles repercusiones del fallo de la CPI.

Víctimas, defensores de la sociedad civil, legisladores y socios se reunieron recientemente en una mesa redonda de alto nivel sobre la integración de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en el proceso de justicia transicional de Etiopía. La reunión, organizada por el ICTJ y el Centro de Incidencia Política para la Democracia y el Desarrollo, ofreció un espacio para que los participantes debatieran la necesidad de la SMAPS y cómo mejorar el acceso a ella en todo el país.

A finales de abril, en Siria, decenas de residentes de varias ciudades y pueblos se reunieron por primera vez para, por fin, hablar de sus experiencias durante los 14 años de conflicto que desgarró la sociedad y provocó innumerables violaciones de derechos humanos. Estos diálogos comunitarios, organizados por el ICTJ en colaboración con el proyecto Puentes de la Verdad (Bridges of Truth), brindaron un espacio seguro para que los participantes compartieran sus historias y dificultades, hablaran de sus necesidades y expresaran sus esperanzas de justicia y reconciliación.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

Recientemente, el ICTJ reunió a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados de Libia, Sudán, Siria, Túnez y Yemen para un taller sobre investigaciones digitales de fuente abierta. El curso, que tuvo lugar del 3 al 8 de noviembre en Kampala, Uganda, capacitó a los participantes en el uso de herramientas de fuente abierta con el objetivo de fortalecer su labor de investigación, documentación y seguimiento de violaciones de derechos humanos.

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

El 8 de febrero, el ICTJ celebró un evento en La Haya sobre las personas desaparecidas en Siria, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El evento reunió a activistas, periodistas, artistas y formuladores de política pública para reflexionar sobre las necesidades humanitarias críticas de las víctimas y sus familias y el papel del recién creado organismo internacional sobre los desaparecidos en Siria, cuyo mandato es, en parte, abordar estas necesidades.

El Perú aún necesita aceptar su historia y avanzar hacia el país inclusivo y democrático que desea ser. Esto exige ofrecer reparaciones en la forma integral definida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, escribe Cristián Correa en esta columna de opinión.

En una entrevista publicada originalmente en "El Espectador", María Camila Moreno, del ICTJ, analiza las primeras decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, las obligaciones del Estado para implementarlas y el lugar vital de la justicia restaurativa para una paz duradera.