Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

La justicia comunitaria es el principal mecanismo de resolución de conflictos que utilizan la mayoría de las comunidades de Sudán del Sur. Sin embargo, su capacidad para hacer frente a violaciones masivas de los derechos humanos es limitada debido a la complejidad de la violencia inte...

A man stands facing a table around which several men are seated.

En los países donde las instituciones estatales tienen un alcance limitado, la justicia comunitaria e informal suele ser la forma más común para que las personas resuelvan sus disputas y busquen justicia. Este tipo de justicia es un elemento importante de un enfoque centrado en las personas que busca construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Sin embargo, la comprensión de la relación entre la justicia comunitaria y la justicia transicional ha sido poco desarrollada. Un nuevo informe del ICTJ proporciona una valiosa investigación empírica y cualitativa sobre el tema, en el contexto de Sudán del Sur.

El campo de la justicia transicional reconoce cada vez más la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial en contextos de violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la creciente sensibilización y concienciación a nivel político mundial, se carece de...

an image of colorful painting featuring a young girl

Entre los grupos poblacionales afectados por la violencia en conflictos armados o regímenes represivos, los niños y jóvenes son algunos de los más vulnerables. Cuando los vacíos en la garantía de los derechos humanos básicos llegan a ser normales para una sociedad, los estándares de educación, relaciones familiares y recreación que reciben los menores los dejan en situación de alta vulnerabilidad al maltrato físico y psicológico, al desplazamiento, el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales y otras formas de explotación.