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El papel de la participación de las víctimas en los procesos penales internacionales, ya sea en tribunales internacionales, mixtos o nacionales, ha sido durante mucho tiempo un tema de debate público entre los profesionales de la justicia penal y los activistas de derechos humanos. Tras las...

“A pesar de las leyes vigentes, el número de casos de violencia sexual y de género [SGBV] sigue aumentando, incluidos casos de violación, mutilación genital femenina, agresión sexual y acoso. Esto significa que existe la necesidad de hacer cumplir tales leyes”, afirmó Didier Gbery, jefe de programa del ICTJ para Gambia, en la apertura de un taller en marzo pasado sobre cómo aumentar el acceso a la justicia de las víctimas de VSG. El taller fue uno de los dos que ICTJ organizó a principios de 2023 para fortalecer la capacidad de las partes interesadas en Gambia para defender a las víctimas de VSG y brindarles un apoyo vital con enfoque de género.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas.

La Unión Africana y la Unión Europea han lanzado oficialmente un proyecto de tres años para apoyar a los estados miembros de la UA a medida que incorporan la Política de Justicia Transicional de la Unión Africana y emprenden procesos de justicia transicional a nivel nacional. El proyecto, denominado Iniciativa para la Justicia Transicional en África, será implementado por un consorcio de tres organizaciones lideradas por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Fondo Africano del Legado de Justicia Transicional y el Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​