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El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca extinguir la responsabilidad penal por ciertos actos cometidos en el país durante los últimos 26 años. Si bien la ley ha generado debate, sin duda representa un avance significativo en el panorama político del país.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

El 14 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Johannesburgo dictó una sentencia histórica. Desde su estrado en la sala 4D, el juez Dario Dosio desestimó las objeciones de la defensa a la inclusión de asesinato y apartheid como crímenes de lesa humanidad en el escrito de acusación contra dos personas acusadas de un ataque mortal en 1982 contra activistas estudiantiles antiapartheid. Con ello, el tribunal allanó el camino para que, por primera vez, se presentaran cargos por crímenes de lesa humanidad en un tribunal nacional sudafricano. También abrió la puerta al primer procesamiento del apartheid como crimen de lesa humanidad en cualquier parte del mundo.

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

El final de 2022 en Venezuela estuvo marcado por señales de voluntad de todos los partidos de dar pasos concretos hacia la democracia. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones y acordaron permitir que Naciones Unidas administre un fondo por miles de millones de dólares en activos congelados, que se liberarían gradualmente para abordar la crisis humanitaria del país. Estados Unidos autorizó a la Corporación Chevron a reanudar operaciones limitadas de importación de petróleo venezolano. Finalmente, la Asamblea Nacional de 2015 votó a favor de poner fin al gobierno interino liderado por la oposición. Si bien estos pasos son iniciales para crear las condiciones para la confianza entre las partes, ofrecen oportunidades para mejorar las terribles circunstancias en las que viven actualmente muchos venezolanos.

Puede parecer trivial para mí escribir acerca de por qué aquellos que continúan señalando el 17 de julio como el "Día Internacional de la Justicia" deberían finalmente dejar de llamarlo así. Muchos grupos de derechos humanos (incluido el ICTJ), agencias de las Naciones Unidas y gobiernos han estado usando públicamente esa frase desde 2010. Es para las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los abusos que constituyen crímenes internacionales en virtud del Estatuto de Roma, que es importante acabar con la idea errónea que fomenta la frase.