Los recientes ataques israelíes en Beirut y otras zonas pobladas en el Líbano han sido de los más intensos del conflicto hasta la fecha, han destruido infraestructuras críticas y han devastado comunidades civiles. El ICTJ se solidariza inequívocamente con el pueblo libanés y todas las víctimas de la región, y exige el cese inmediato de todos los ataques y amenazas contra las comunidades civiles y la infraestructura.

ICTJ observa con profunda preocupación la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán y sus repercusiones devastadoras en toda la región. Tras más de un mes de conflicto, el costo humano es abrumador. En ICTJ reafirmamos los principios internacionales que rigen nuestro mundo y nos solidarizamos incondicionalmente con todas las víctimas de la región.
Recientemente, el ICTJ reunió a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados de Libia, Sudán, Siria, Túnez y Yemen para un taller sobre investigaciones digitales de fuente abierta. El curso, que tuvo lugar del 3 al 8 de noviembre en Kampala, Uganda, capacitó a los participantes en el uso de herramientas de fuente abierta con el objetivo de fortalecer su labor de investigación, documentación y seguimiento de violaciones de derechos humanos.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

Este informe evalúa la perspectiva de género de la Política de Justicia Transicional de la Unión Africana (AUTJP por sus siglas en inglés). El documento identifica oportunidades para que los Estados miembros de la UA, la sociedad civil y los donantes fortalezcan la implementación de l...

A woman stands in the profile position in a field of green plants on a sunny day with a clear blue sky

Del 2 al 6 de diciembre de 2024, la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el órgano legislativo y de supervisión administrativa de la corte, celebró su 23.° período de sesiones en La Haya. Como en años anteriores, el ICTJ participó activamente y sus expertos se sumaron a muchos de los debates, compartiendo sus conocimientos y perspectivas. El ICTJ organizó dos eventos paralelos, uno centrado en las víctimas sirias y otro en las reparaciones a las víctimas del norte de Uganda.

En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

El campo de la justicia transicional reconoce cada vez más la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial en contextos de violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la creciente sensibilización y concienciación a nivel político mundial, se carece de...

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El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas.