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En el tercer aniversario de la brutal guerra en Sudán, es momento para reflexionar sobre un conflicto que rara vez recibe la atención mediática que merece y para considerar a los millones de sudaneses atrapados en ciclos de violencia.

Recientemente, el ICTJ reunió a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados de Libia, Sudán, Siria, Túnez y Yemen para un taller sobre investigaciones digitales de fuente abierta. El curso, que tuvo lugar del 3 al 8 de noviembre en Kampala, Uganda, capacitó a los participantes en el uso de herramientas de fuente abierta con el objetivo de fortalecer su labor de investigación, documentación y seguimiento de violaciones de derechos humanos.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

El 6 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable al exlíder de la milicia Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido como Ali Kushayb), de 27 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Este veredicto histórico rompe con los ciclos de impunidad en Sudán y envía un mensaje contundente de que estos crímenes no se toleran.

A pesar de los enormes desafíos, la sociedad civil sudanesa y otras partes interesadas priorizan la justicia transicional, reconociendo la necesidad de abordar las injusticias del pasado para poner fin al ciclo de conflicto en su país. El ICTJ continúa apoyándolos en la concepción y el diseño de estrategias centradas en las víctimas, con perspectiva de género e inclusivas. Ilaria Martorelli, del ICTJ, lidera estos esfuerzos. En esta entrevista, analiza las perspectivas de paz duradera, rendición de cuentas y reparación en Sudán.

Este abril, Sudán conmemoró un doble aniversario: el primero, la revolución de 2019 que derrocó el régimen represivo de décadas del presidente Omar al Bashir; el segundo, el estallido de la guerra civil que ha devastado el país desde 2023. Estas efemérides de tanto contraste traen consigo grandes esperanzas y un profundo dolor. También plantean preguntas apremiantes: ¿Cuánto tiempo tendrá que sufrir Sudán mientras la atención mundial parece darles la espalda? ¿Hasta cuándo seguirán silenciadas las voces de los sudaneses que anhelan la paz y la justicia?

El ICTJ acompañó a más de 10 víctimas sudanesas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para asistir a las declaraciones finales en el caso El Fiscal contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"). Las declaraciones tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre. El ICTJ apoyó a la CPI en la selección de las partes interesadas, que fueron elegidas por sus fuertes vínculos con las comunidades afectadas.

Con la publicación, largamente pospuesta, del informe parcial del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre el Programa de Detención e Interrogación de la CIA, la verdad se ha hecho por fin pública. En este artículo de opinión el presidente del ICTJ, David Tolbert, pide a Estados Unidos que reconozca la verdad, rinda cuentas con los principales responsables y repare a las víctimas de torturas.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine-Wabanaki (CVR), la primera de su especie en Estados Unidos, cumple un año de vida. La CVR es ejemplar porque es fruto de un acuerdo directo entre las naciones indígenas y el estado.

En esta columna de opinió, el presidente del ICTJ, David Tolbert, critica que EE UU ha alabado públicamente el Estado de derecho cuando se aplica en otros países, ofreciendo un considerable apoyo monetario y político a las víctimas de torturas de regímenes extranjeros; sin embargo, no ha reconocido ni abordado sus obligaciones para con las víctimas de sus propias prácticas en materia de detención. Para recuperar su credibilidad ante el mundo, el Gobierno debe tomar medidas que reconozcan y afronten las violaciones de derechos pasadas, proporcionando reparación a las víctimas de abusos avalados por EEUU.

En nuestro trabajo como asesores de sociedades de todo el mundo, contínuamente nos inspiran personas y comunidades que se niegan a ignorar los abusos del pasado, y que a menudo se enfrentan a grandes obstáculos para arrojar luz sobre éstos. Para honrar su coraje, les invitamos a leer una selección de perspectivas sobre la verdad y la dignidad de aquellos que con sus palabras han forajdo una idea sólida: que la verdad es la base de la justicia. Súmese a la conversación global a través de las redes sociales.

Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, destacados activistas indígenas se reunirán con sus homólogos y expertos de todo el mundo en la Universidad de Columbia para analizar cuál es la mejor manera de utilizar esos mecanismos para afianzar el derecho a la verdad y mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

El martes 12 de febrero de 2013, más de 200 personas, entre ellas representantes del ICTJ, se reunieron en el Estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, para celebrar el acto oficial de constitución de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine Wabanaki. El día de la ceremonia una serie de actuaciones y oraciones dieron oficialmente comienzo a un proceso de tres años durante el cual se indagará en la asimilación forzada de los niños wabanaki a través de los servicios sociales públicos de asistencia a la infancia.

Cada vez es más habitual que diversas medidas de justicia transicional aborden los derechos indígenas y el ICTJ participa activamente en la elaboración de un discurso que defiende la utilidad de las comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.