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Víctimas, defensores de la sociedad civil, legisladores y socios se reunieron recientemente en una mesa redonda de alto nivel sobre la integración de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en el proceso de justicia transicional de Etiopía. La reunión, organizada por el ICTJ y el Centro de Incidencia Política para la Democracia y el Desarrollo, ofreció un espacio para que los participantes debatieran la necesidad de la SMAPS y cómo mejorar el acceso a ella en todo el país.

El 28 de julio de 2025, el Consejo Estatal Regional Somalí aprobó una resolución que designa el 6 de abril como Día de Conmemoración de las Víctimas, reconociendo formalmente a quienes sufrieron violencia y violaciones de derechos humanos en la región somalí de Etiopía. Durante años, las víctimas y los actores de la sociedad civil, con el apoyo del ICTJ y otros socios internacionales, han abogado persistentemente por este reconocimiento, que marca un hito en el camino de Etiopía hacia la rendición de cuentas y la reparación.

El ICTJ y el Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos organizaron conjuntamente un evento nacional para aumentar la participación significativa de las víctimas y la sociedad civil en el proceso de justicia transicional de Etiopía. El evento reunió a funcionarios del gobierno y formuladores de política pública de Etiopía, representantes de la sociedad civil, miembros de los medios de comunicación y socios internacionales para discutir estrategias que garanticen que las víctimas y los temas de género sigan siendo el centro de los esfuerzos que se están llevando a cabo en el país para abordar las consecuencias de la violencia reciente y pasada.

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

Puede parecer trivial para mí escribir acerca de por qué aquellos que continúan señalando el 17 de julio como el "Día Internacional de la Justicia" deberían finalmente dejar de llamarlo así. Muchos grupos de derechos humanos (incluido el ICTJ), agencias de las Naciones Unidas y gobiernos han estado usando públicamente esa frase desde 2010. Es para las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los abusos que constituyen crímenes internacionales en virtud del Estatuto de Roma, que es importante acabar con la idea errónea que fomenta la frase.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, ocurrido el pasado 15 de agosto.

Guatemala está sumergida en una gran agitación social y política luego de que una investigación judicial llevada a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público ha destapado esquema de corrupción multimillonario que ha culminado con la renuncia y enjuiciamiento del presidente del país, Otto Pérez Molina. Mientras el país se prepara para elecciones presidenciales este domingo, 6 de septiembre, conversamos con la directora de Programas del ICTJ, Marcie Mersky, para analizar estos acontecimientos.