Los refugiados y desplazados de Sudán del Sur representan actualmente el 40 % de la población total del país. Sin embargo, estos grupos han sido excluidos en gran medida de los debates sobre políticas relacionadas con el proceso de justicia transicional en Sudán del Sur. Un nuevo informe del ICTJ busca ampliar las perspectivas y expectativas de estos grupos y garantizar su inclusión en el diseño e implementación del proceso.

Este estudio busca comunicar las perspectivas, expectativas y necesidades de las personas desplazadas de Sudán del Sur y, así, fundamentar las iniciativas de justicia transicional que han surgido allí a partir del revitalizado acuerdo de paz de 2018. También ofrece lecciones apre...

several women in colorful dresses crouch around an open fire pit, cooking food in a large pan.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

La transición de Sudán del Sur hacia un gobierno democrático mediante las primeras elecciones generales de su historia desde la independencia, tendrá que esperar dos años más. A pesar de esta última prórroga, el país ha logrado importantes hitos en su proceso de justicia transicional.

La justicia comunitaria es el principal mecanismo de resolución de conflictos que utilizan la mayoría de las comunidades de Sudán del Sur. Sin embargo, su capacidad para hacer frente a violaciones masivas de los derechos humanos es limitada debido a la complejidad de la violencia inte...

A man stands facing a table around which several men are seated.

En los países donde las instituciones estatales tienen un alcance limitado, la justicia comunitaria e informal suele ser la forma más común para que las personas resuelvan sus disputas y busquen justicia. Este tipo de justicia es un elemento importante de un enfoque centrado en las personas que busca construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Sin embargo, la comprensión de la relación entre la justicia comunitaria y la justicia transicional ha sido poco desarrollada. Un nuevo informe del ICTJ proporciona una valiosa investigación empírica y cualitativa sobre el tema, en el contexto de Sudán del Sur.

Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como “Sepur Zarco”, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Q’eqchi’, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

El número de comisiones de la verdad surgidas de negociaciones de paz ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Las lecciones que hemos aprendido ponen de relieve que ya es hora de observar con mirada crítica los desafíos a los que se enfrentan los mediadores, para que estas comisiones puedan responder realmente a las demandas de las víctimas, escribe el presidente del ICTJ, David Tolbert, en este artículo de opinión.

¿Pueden las comisiones de la verdad contribuir a lograr una paz sostenible tras un conflicto violento en el que se han cometido abusos masivos de los derechos humanos? En esta serie especial de podcasts, presentamos una serie de conversaciones con algunos de los más importantes mediadores de paz y expertos en comisiones de la verdad del mundo, con un énfasis en revisar las experiencias de América Latina.

En la brutalidad de un conflicto armado o la tiranía de un régimen represivo, muchas personas desaparecen y nunca son encontradas: ya sea a manos de agentes del Estado o secuestrados por una facción armada, miles de desaparecidos siguen en paradero desconocido hasta el día de hoy. En el Día Internacional de los Desaparecidos, el ICTJ reconoce que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que afectan a las mujeres de forma particular, distinta al impacto que tiene este delito en los hombres.