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Un nuevo informe del ICTJ insta a revitalizar la formulación de políticas de justicia transicional integral en Ucrania. El informe presenta los principales argumentos legales, políticos y centrados en las víctimas a favor de impulsar un marco integral de justicia transicional, desmintiendo los mitos más comunes sobre este tipo de justicia en Ucrania.

Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como “Sepur Zarco”, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Q’eqchi’, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

El número de comisiones de la verdad surgidas de negociaciones de paz ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Las lecciones que hemos aprendido ponen de relieve que ya es hora de observar con mirada crítica los desafíos a los que se enfrentan los mediadores, para que estas comisiones puedan responder realmente a las demandas de las víctimas, escribe el presidente del ICTJ, David Tolbert, en este artículo de opinión.

¿Pueden las comisiones de la verdad contribuir a lograr una paz sostenible tras un conflicto violento en el que se han cometido abusos masivos de los derechos humanos? En esta serie especial de podcasts, presentamos una serie de conversaciones con algunos de los más importantes mediadores de paz y expertos en comisiones de la verdad del mundo, con un énfasis en revisar las experiencias de América Latina.

En la brutalidad de un conflicto armado o la tiranía de un régimen represivo, muchas personas desaparecen y nunca son encontradas: ya sea a manos de agentes del Estado o secuestrados por una facción armada, miles de desaparecidos siguen en paradero desconocido hasta el día de hoy. En el Día Internacional de los Desaparecidos, el ICTJ reconoce que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que afectan a las mujeres de forma particular, distinta al impacto que tiene este delito en los hombres.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aplaude la sentencia condenatoria del Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala en el juicio contra el ex dictador militar Efraín Ríos Montt. El general retirado, de 87 años, ha sido condenado por genocidio y delitos a los deberes de la humanidad contra la población maya ixil durante la guerra civil de Guatemala. Fue sentenciado a 80 años de prisión. José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fuera jefe de inteligencia bajo el mando de Ríos Montt y también acusado en el juicio, ha sido absuelto de todos los cargos.

Nueve organizaciones internacionales de derechos humanos y grupos legales apoyan la reanudación del juicio en Guatemala contra Efraín Ríos Montt, ex dictador militar, por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad. El juicio está entrando ya en su fase conclusiva con los alegatos finales por parte del Ministerio Público y los representantes de las víctimas, ayer y hoy.

Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial. Las cuatro organizaciones son: Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

En este artículo de opinión, la directora programática del ICTJ, Marcie Mersky, subraya la importancia de el juicio por genocidio contra el ex general Efraín Ríos Montt, más allá de las fronteras de Guatemala: es la primera vez que un exjefe de Estado es juzgado por genocidio en un tribunal nacional de forma genuina, por autoridades nacionales, en el mismo país donde tuvieron lugar los crímenes de los que se le acusa.