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Los recientes ataques israelíes en Beirut y otras zonas pobladas en el Líbano han sido de los más intensos del conflicto hasta la fecha, han destruido infraestructuras críticas y han devastado comunidades civiles. El ICTJ se solidariza inequívocamente con el pueblo libanés y todas las víctimas de la región, y exige el cese inmediato de todos los ataques y amenazas contra las comunidades civiles y la infraestructura.

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca extinguir la responsabilidad penal por ciertos actos cometidos en el país durante los últimos 26 años. Si bien la ley ha generado debate, sin duda representa un avance significativo en el panorama político del país.

La guerra continua en el Medio Oriente no es un hecho aislado. Representa un ciclo de violencia de 75 años, marcado por agravios históricos, luchas geopolíticas y crisis humanitarias que persisten desde hace décadas. En el último episodio de esta trágica historia, el Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Hasta ahora, el conflicto ha causado una destrucción generalizada, miles de muertos y heridos y más de un millón de personas desplazadas en el Líbano. El país se enfrenta ahora a muchas preguntas intimidantes sobre la reconstrucción, las reparaciones a las víctimas y el tipo de sociedad que surgirá después de la guerra.

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) reconoce y saluda la acción decisiva emprendida por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitando el arresto del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, el Ministro de Defensa Yoav Gallant y tres líderes de Hamás –...

A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

El 15 de octubre, el Secretario General de la ONU hizo dos fuertes llamamientos humanitarios: que Hamás libere a los rehenes inmediatamente y sin condiciones, y que Israel permita que la ayuda humanitaria entre en Gaza sin obstáculos para que pueda llegar a los civiles que la necesitan desesperadamente. El Consejo de Seguridad de la ONU oyó sus palabras, pero no las escuchó. Mientras tanto, que los gobiernos con poder para persuadir a los actores involucrados en las hostilidades a respetar el Estado de derecho no lo han hecho. Sin embargo, el imperativo moral es claro y simple.

El 7 de octubre, el mundo observó con horror cómo miembros del grupo militante Hamas masacraban a más de 1.400 israelíes, la mayoría de los cuales eran civiles, incluidos niños y ancianos, en un ataque premeditado y sofisticado. La respuesta de Israel hasta ahora no ha sido menos horrorosa. Olas incesantes de ataques aéreos indiscriminados contra Gaza han alcanzado edificios residenciales, instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles críticas, asediando todo el enclave y dejando más de 5.000 personas muertas, entre ellas 2.000 niños. Desafortunadamente, estas atrocidades indescriptibles –cuya condena y rechazo se nos han acabado las palabras– no son acontecimientos aislados que suceden en el vacío. De hecho, son sólo los últimos episodios de un ciclo de violencia que dura 75 años.

El final de 2022 en Venezuela estuvo marcado por señales de voluntad de todos los partidos de dar pasos concretos hacia la democracia. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones y acordaron permitir que Naciones Unidas administre un fondo por miles de millones de dólares en activos congelados, que se liberarían gradualmente para abordar la crisis humanitaria del país. Estados Unidos autorizó a la Corporación Chevron a reanudar operaciones limitadas de importación de petróleo venezolano. Finalmente, la Asamblea Nacional de 2015 votó a favor de poner fin al gobierno interino liderado por la oposición. Si bien estos pasos son iniciales para crear las condiciones para la confianza entre las partes, ofrecen oportunidades para mejorar las terribles circunstancias en las que viven actualmente muchos venezolanos.