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¿Se puede construir una democracia sólida y legítima sobre el silencio, o es que la verdad proporciona cimientos más profundos? Se pregunta Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ, en esta columna de opinión con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional presenta el documento “Observaciones sobre el mandato legal de la Comisión Nacional de la Verdad del Brasil” (en portugués y español). El documento analiza la ley 12.528 del año 2011, que creó la Comisión Nacional de la Verdad para investigar violaciones de los derechos humanos cometidas durante más de 40 años de historia del Brasil, incluyendo la dictadura militar de derechas de 1964 a 1985.

En 2020, MELAH se ha aliado con el Centro Internacional para la Justicia Transicional –ICTJ– para llevar a cabo, contra viento y marea, el Tercer Encuentro internacional de Hip Hop: Verdad, Memoria y Resistencia. Los 4 días de programación incluyen paneles, muestras artísticas, mesas de discusión, showcases de artistas nacionales e internacionales, talleres y charlas donde se abordarán temas desde la inclusión, la participación y la formación como: “Construcción de Paz y Hip Hop”, “Hip Hop Transformador en Bogotá”, el papel del Hip Hop en procesos de movilización en Latinoamérica “Latinoamérica arde” entre otros, con invitados de todas las latitudes como Mj Martialo - Impact Positif (Costa de marfil), Awa Bling (Gambia), Apolonia (Venezuela), Malena D' Lesio (Argentina), Rafuagi (Brazil), Jhonpri MC Systema Solar (Colombia), Nakury (Costa Rica), además de las muestras artísticas que acompañan toda la agenda académica, desde Colombia La Etnnia, Ruzto, Specktra de la Rima y muchos artistas más harán parte de esta versión digital que contará con una traducción en simultáneo para los espacios con invitados internacionales.

Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ escribe que la CPI no puede respaldar medidas que favorezcan la impunidad, del mismo modo que no pueden hacerlo otros actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha por la paz y la justicia.