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Víctimas, defensores de la sociedad civil, legisladores y socios se reunieron recientemente en una mesa redonda de alto nivel sobre la integración de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en el proceso de justicia transicional de Etiopía. La reunión, organizada por el ICTJ y el Centro de Incidencia Política para la Democracia y el Desarrollo, ofreció un espacio para que los participantes debatieran la necesidad de la SMAPS y cómo mejorar el acceso a ella en todo el país.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

El 28 de julio de 2025, el Consejo Estatal Regional Somalí aprobó una resolución que designa el 6 de abril como Día de Conmemoración de las Víctimas, reconociendo formalmente a quienes sufrieron violencia y violaciones de derechos humanos en la región somalí de Etiopía. Durante años, las víctimas y los actores de la sociedad civil, con el apoyo del ICTJ y otros socios internacionales, han abogado persistentemente por este reconocimiento, que marca un hito en el camino de Etiopía hacia la rendición de cuentas y la reparación.

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

El ICTJ y el Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos organizaron conjuntamente un evento nacional para aumentar la participación significativa de las víctimas y la sociedad civil en el proceso de justicia transicional de Etiopía. El evento reunió a funcionarios del gobierno y formuladores de política pública de Etiopía, representantes de la sociedad civil, miembros de los medios de comunicación y socios internacionales para discutir estrategias que garanticen que las víctimas y los temas de género sigan siendo el centro de los esfuerzos que se están llevando a cabo en el país para abordar las consecuencias de la violencia reciente y pasada.

Puede parecer trivial para mí escribir acerca de por qué aquellos que continúan señalando el 17 de julio como el "Día Internacional de la Justicia" deberían finalmente dejar de llamarlo así. Muchos grupos de derechos humanos (incluido el ICTJ), agencias de las Naciones Unidas y gobiernos han estado usando públicamente esa frase desde 2010. Es para las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los abusos que constituyen crímenes internacionales en virtud del Estatuto de Roma, que es importante acabar con la idea errónea que fomenta la frase.