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La decisión de Brasil de examinar los abusos cometidos durante la dictadura militar hace varias décadas podría cambiar la cara de la democracia en el país, haciéndola más genuina y transparente. Al mismo tiempo podría tener un impacto aún más amplio, haciendo que Brasil tome una postura decisiva con respecto a los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

Ahora que se plantea el debate de la creación de un mecanismo de esclarecimiento de la verdad en Colombia, el próximo 22 de julio el ICTJ organiza en Bogotá el foro "Experiencias latinoamericanas de comisiones de la verdad", en la que se compartirán y analizarán lecciones aprendidas de Argentina, Perú, Guatemala y Paraguay.

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

El ICTJ celebra la publicación del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil luego de dos años y medio de trabajo para develar la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el país entre 1946 y 1988, haciendo énfasis en el periodo de la dictadura militar (1964-1985). El informe final supone una contribución histórica a la verdad y la justicia en un país donde los crímenes graves no se han afrontado durante décadas, y pide a las instituciones judiciales brasileñas que no tengan en cuenta la Ley de Amnistía y actúen en los casos de crímenes de lesa humanidad.

El objetivo de las reparaciones es reconocer y afrontar los daños sufridos por las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. A continuación el director del programa de Justicia Reparadora del ICTJ, Ruben Carranza, y el asociado sénior en justicia reparadora Cristián Correa hablan sobre la importancia de que los programas de reparaciones se implementen de forma integrada con otros mecanismos de justicia transicional, como mecanismos de búsqueda de la verdad y justicia penal.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

Como parte de nuestro contenido especial en torno al Día Internacional de los Desaparecidos, hablamos con Kelli Muddell, directora del programa de Justicia de Género del ICTJ y especialista en mujeres y justicia transicional, sobre algunas de las dinámicas de género de la justicia transicional y cómo ésta afecta a las mujeres alrededor del mundo.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

La desaparición forzada es uno de los delitos más crueles. Además de secuestrar, torturar y en muchos casos asesinar a la víctima, los perpetradores buscan deliberadamente generar miedo e incertidumbre sobre la suerte de la persona desaparecida. Aunque las víctimas de la desaparición forzada son en su mayoría hombres, el impacto que este delito tiene sobre las mujeres es severo y constante. Hoy, en el Día Internacional de los Desaparecidos, queremos resaltar los daños específicos sufridos por las mujeres víctimas de estos crímenes, los cuales deben ser comprendidos y reconocidos para luego ser enfrentados y obtener rendición de cuentas.