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En este 17 de julio, elegido hace poco más de dos años día de la Justicia Internacional por los Estados parte de la Corte Penal Internacional (CPI), no debemos centrarnos únicamente en la labor de este organismo. Es vital abordar de forma más global cómo puede obtenerse justicia después de la comisión de atrocidades y por qué es necesario hacerlo.

Después de varios meses de un profundo debate en el Congreso de la República, en los medios de comunicación y en distintos escenarios públicos, el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Esta reforma constitucional...

El 1 de Julio se cumple el décimo aniversario de la Corte Penal Internacional (CPI). En tal día en 2002, el Estatuto de Roma entró en vigor para establecer el primer tribunal penal permanente e internacional. Para conmemorar este hito, el ICTJ entrevistó a la juez de la CPI Silvia Fernández de Gurmendi.

La setencia sobre el caso de Thomas Lubanga puede ser la primera en la que la CPI establezca reparaciones para las víctimas que han sufrido violaciones de los derechos humanos. La corte ha pedido a expertos legales que presenten propuestas antes de tomar una decisión. Ruben Carranza, director del programa de Reparaciones del ICTJ, nos explica cuáles han sido las recomendaciones que el ICTJ ha remitido a la CPI para conseguir una reparación adecuada para las víctimas.

Tras seis años de aplicación, los resultados de Justicia y Paz son decepcionantes. El Senado estudia un proyecto de reforma preparado por el gobierno y la Fiscalía, que ha suscitado preocupaciones y propuestas constructivas. María Camila Moreno, directora del programa Colombia del ICTJ, explora un replanteamiento estratégico para reorientar la Ley.

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.

Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.

La ley de víctimas les dio voz y fecha: el Congreso las recibirá cada año para escucharlas y solidarizarse con su sufrimiento, en nombre de toda la sociedad. Otros actos oficiales dan fe del cambio de clima y de actitud con respecto a las víctimas. Pero efectos concretos, todavía no se ven, escribe María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ.

El 9 de abril, Colombia conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. La ley de víctimas estableció este día para que el Estado colombiano realice “eventos de memoria y de reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Hoy, cuando Colombia empieza a pensar en el significado de este día nacional, algunas víctimas y organizaciones sociales consideran que éste es un llamado a la movilización de la sociedad, un día para que las víctimas sean escuchadas, para obtener respuestas del Estado y para crear acercamientos en una sociedad altamente dividida.