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El ICTJ celebra la decisión tomada hoy por el Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL, por sus siglas en inglés), que ha refrendado el veredicto dictado contra el expresidente liberiano Charles Taylor por la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El tribunal ha rechazado tanto los argumentos de la defensa de Taylor como la solicitud de la fiscalía, que pedía una sentencia de 80 años de cárcel, proclamando la aplicación inmediata de la sentencia de 50 años.

¿Se puede construir una democracia sólida y legítima sobre el silencio, o es que la verdad proporciona cimientos más profundos? Se pregunta Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ, en esta columna de opinión con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad.

Con motivo del 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad, el ICTJ estrena una campaña para defender el derecho de las víctimas a saber la verdad sobre las violaciones de derechos humanos sufridas. Este año, la campaña gira en torno al mensaje: "La verdad es la base de la justicia". El ICTJ aborda esta idea, clave para una concepción integral de la justicia, a través varios proyectos, como una ambiciosa publicación, una presentación multimedia y una conversación digital.

Después de tres años de proceso y de siete años detenido, Thomas Lubanga ostenta el dudoso honor de ser la primera persona condenada por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Sería alentador que el tribunal, y con él la fiscalía, señalara que considera el veredicto del caso Lubanga una oportunidad, tanto para aprender de las críticas como para celebrar un día histórico para la justicia internacional.

En la última ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul el 29 de marzo, el presidente turco Tayyip Erdogan llamó a ambas delegaciones a actuar con responsabilidad y acordar un alto al fuego. Les recordó su misión histórica de lograr una paz justa. No hay nadie que se oponga a tal declaración. Sin embargo, como hemos visto antes en muchos otros conflictos, definir qué significa justicia en el contexto de la guerra puede representar un obstáculo aparentemente insuperable.

La setencia sobre el caso de Thomas Lubanga puede ser la primera en la que la CPI establezca reparaciones para las víctimas que han sufrido violaciones de los derechos humanos. La corte ha pedido a expertos legales que presenten propuestas antes de tomar una decisión. Ruben Carranza, director del programa de Reparaciones del ICTJ, nos explica cuáles han sido las recomendaciones que el ICTJ ha remitido a la CPI para conseguir una reparación adecuada para las víctimas.

ICTJ y el proyecto Bridges of Truth están lanzando Tomorrow We Continue, un nuevo cortometraje animado que sigue a una joven madre de dos hijos cuyo esposo fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad en Siria hace algunos años. La película lleva al espectador en su viaje como refugiada en busca de seguridad en Berlín y describe las luchas diarias que enfrenta una vez que se instala mientras trata de ganarse la vida y cuidar a sus hijos mientras continúa buscando a su esposo. Desde que comenzó el levantamiento en Siria en 2011, más de 100.000 personas han sido desaparecidas o detenidas arbitrariamente. Las familias que dejan atrás pueden mudarse a lugares más seguros como refugiados, pero la búsqueda de sus seres queridos persiste dondequiera que vayan. Esta película es una de sus historias.

Cuando se trata de llevar ante la justicia a autores de crímenes masivos, únicamente se debería recurrir a los tribunales internacionales en última instancia. Para poder instaurar el Estado de derecho hace falta que cada país desarrolle la capacidad de juzgar a los autores de los delitos más graves. El 25 y el 26 de octubre de 2012 destacados profesionales internacionales del ámbito de la justicia, el Estado de derecho y el desarrollo se reunirán en Greentree Estate, Manhasset, Nueva York, para asistir a la Tercera Conferencia de Greentree sobre Complementariedad. El objetivo del encuentro es analizar las necesidades y retos a los que se enfrentan los juicios nacionales de crímenes graves en cuatro países: Colombia, Guatemala, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo.