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El lunes, 28 de enero, los tribunales guatemaltecos sentenciaron que el general retirado Efraín Ríos Montt deberá ser juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los augurios no eran tan optimistas justo antes de las vacaciones navideñas, y de hecho algunos sucesos hicieron tambalear la rendición de cuentas. Para analizar y contextualizar estos recientes sucesos en el ámbito de la justicia guatemalteca conversamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ y experta en cuestiones de derechos humanos en Guatemala.

Para analizar algunos de los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar en Guatemala recientemente en torno a la justicia por crímenes del pasado conversamos con Marcie Mersky, directora de Programas del ICTJ.

Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, ocurrido el pasado 15 de agosto.

Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.

El foro “Experiencias latinoamericanas de comisiones de la verdad”, realizado por el ICTJ en Bogotá el 22 de julio, reunió en una jornada a protagonistas de los debates, las experiencias y las lecciones aprendidas de algunos de los principales procesos que ha vivido el continente en el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones masivas de derechos humanos en cuatro países: Argentina, Perú, Guatemala y Paraguay. A continuación les resumimos algunas de las ideas y debates principales abordados durante el Foro Latinoamericano, con videos de las sesiones.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.