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Libyan civil society organizations are fighting against all odds to support victims of human rights violations. In doing so, they themselves risk violence and do their work despite the visible and invisible pain they feel and the innumerable obstacles placed in front of them. Renewed global attention on the Libyan conflict and two new draft laws to protect activists and others may help.

En esta era de transformación tecnológica, es vital desarrollar estrategias digitales para documentar violaciones de derechos humanos, analizar datos con fines de rendición de cuentas o reparación y defender los derechos humanos de manera segura en línea. Esto es particularmente cierto en contextos donde las víctimas, los actores de derechos humanos y los miembros de los medios de comunicación viven con miedo. Con este fin, el ICTJ ha ofrecido capacitaciones para activistas de derechos humanos en países de habla árabe afectados por conflictos sobre herramientas de investigación de código abierto para ayudarlos a hacer su trabajo de manera más eficaz.

La vida de las mujeres sufre afectaciones diferenciales y profundas a causa de estas violaciones y cualquier respuesta oficial a ellas. A menudo, estas afectaciones son invisibles. En las sociedades que lidian con las consecuencias de atrocidades masivas, es crucial enfatizar en este tipo de experiencias puntuales si se quiere lograr su reconocimiento y reparación. Por lo tanto, se debe crear un espacio para que las mujeres víctimas compartan sus experienciasLibia es uno de esos países. Para ayudar a hacer oír las voces de las mujeres víctimas y defensoras de derechos humanos allí, el ICTJ ha estado colaborando con diversas organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres desde 2019, reuniéndolas y ayudándolas a desarrollar sus capacidades.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ escribe que la CPI no puede respaldar medidas que favorezcan la impunidad, del mismo modo que no pueden hacerlo otros actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha por la paz y la justicia.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

El objetivo de las reparaciones es reconocer y afrontar los daños sufridos por las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. A continuación el director del programa de Justicia Reparadora del ICTJ, Ruben Carranza, y el asociado sénior en justicia reparadora Cristián Correa hablan sobre la importancia de que los programas de reparaciones se implementen de forma integrada con otros mecanismos de justicia transicional, como mecanismos de búsqueda de la verdad y justicia penal.

Los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables a las violaciones graves de derechos humamos y a las consecuencias de los conflictos. En esta edición del ICTJ reporta hablamos con la directora del programa de la Infancia y la Juventud del ICTJ, Virginie Ladisch, sobre la importancia de incluir a los niños y los jóvenes en los mecanismos de justicia transicional.

El ICTJ se complace en anunciar los ganadores de su concurso de escritura “Overseas”. En él, se pidió a jóvenes originarios o residentes actualmente en el Líbano, Libia o Túnez que habían abandonado sus países de origen por razones políticas o socioeconómicas que compartieran sus experiencias personales de migración en forma de un breve testimonio escrito.