El Tribunal Supremo español ha sentenciado que no es trabajo de las cortes investigar las muertes y desapariciones del franquismo. La sentencia es una decepción para las víctimas y confirma que España sigue negándose a hacer jsuticia con los crímenes del pasado, escribe Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

Este año, la Conferencia Anual Emilio Mignone sobre Justicia Transicional, coordinada por el ICTJ y el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Mundial de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York (NYU) se centró en la intersección entre justicia transicional y desarrollo internacional.

Reconociendo la necesidad de explorar las conexiones entre la justicia y el desarrollo en el contexto de los cambios históricos que están sucediendo en el mundo árabe, el ICTJ y el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York han centrado la Conferencia Anual Emilio Mignone sobre Justicia Transicional en este tema. Hossam Bahgat, presidente de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales y uno de los líderes más destacados de la revolución popular egipcia, y Helen Clark, directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, debatirán durante una conferencia que suele reunir a importantes figuras internacionales.

La transición de Sudán del Sur hacia un gobierno democrático mediante las primeras elecciones generales de su historia desde la independencia, tendrá que esperar dos años más. A pesar de esta última prórroga, el país ha logrado importantes hitos en su proceso de justicia transicional.

Desde inicios de la década de 1980, los países de América Latina han experimentado diversos procesos de transformación política. Hablando en términos generales, ese cambio ha consistido en el paso de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. En algunos casos específicos —tales ...

El ICTJ resalta la importancia del Auto No. 19 de determinación de hechos y conductas, emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP el día 26 de enero de 2021, en el marco del caso 01 que denominó “Toma de rehenes y graves...

La decisión de un juez de Ciudad de Guatemala de someter a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de guerra constituye un momento decisivo en el difícil camino que transita el país hacia el verdadero respeto por el Estado de derecho. Este juicio por genocidio – el primer intento genuino en el mundo de juzgar a un ex jefe de estado acusado de genocidio en su propio país – podría contribuir significativamente a derribar el muro de negación que aún rodea a Guatemala. Para que esto suceda, el juicio ha de ser justo y debe estar libre de intimidación, defiende Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en este artículo de opinión.

En este artículo de opinión, la directora programática del ICTJ, Marcie Mersky, subraya la importancia de el juicio por genocidio contra el ex general Efraín Ríos Montt, más allá de las fronteras de Guatemala: es la primera vez que un exjefe de Estado es juzgado por genocidio en un tribunal nacional de forma genuina, por autoridades nacionales, en el mismo país donde tuvieron lugar los crímenes de los que se le acusa.

Antes de finalizar el año, una comisión de tres jueces de la Corte Suprema de Perú emitirá un veredicto en el jucio de Alberto Fujimori, presidente de Perú de 1990 a 2000, por cargos de asesinato y secuestro. Los demandantes lo responsabilizan de las muertes de 25 personas a manos de ...