Un mes antes del décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU examinó su implementación bajo la nueva administración del presidente Abelardo Gabriel de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto, con la esperanza de que los logros alcanzados durante la última década se preservaran y fortalecieran mediante políticas concretas y acciones decisivas.
El conflicto colombiano comenzó en la década de 1960, cuando la marginación política y el acceso desigual a la tierra desencadenaron una conflagración que duró décadas y dio lugar a la formación de grupos armados, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Durante ese período, rebeldes, paramilitares y redes criminales asesinaron y desplazaron a millones de personas.
Al entrar en el último tercio del período de implementación de 15 años establecido por el Acuerdo, Omar Bula, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, subrayó que no se ha alcanzado una "paz genuina y duradera", ya que el país sigue enfrentando desafíos como la violencia persistente, la expansión de los grupos armados, niveles récord de narcotráfico, el aumento de los secuestros, las masacres y el reclutamiento de niños.
Tras señalar que, entre 2016 y agosto de 2026, 132.930 personas fueron asesinadas en Colombia, mientras que se registraron 100.000 casos de extorsión y 2.750 secuestros, afirmó: «Para nuestros campesinos, trabajadores, niños y fuerzas de seguridad, la paz simplemente no ha existido».
Como resultado, afirmó, su gobierno ha cambiado de rumbo para garantizar que la paz se construya sobre “una base sólida”. En 60 días, su gobierno realizó 32.029 arrestos, confiscó 135 toneladas de narcóticos, retiró de circulación 3.414 armas de fuego y firmó 119 órdenes de extradición para desmantelar redes criminales, indicó, destacando también los esfuerzos para “neutralizar” a los líderes de grupos armados y destruir la infraestructura ilícita.
