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Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

Del 2 al 6 de diciembre de 2024, la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el órgano legislativo y de supervisión administrativa de la corte, celebró su 23.° período de sesiones en La Haya. Como en años anteriores, el ICTJ participó activamente y sus expertos se sumaron a muchos de los debates, compartiendo sus conocimientos y perspectivas. El ICTJ organizó dos eventos paralelos, uno centrado en las víctimas sirias y otro en las reparaciones a las víctimas del norte de Uganda.

En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

En esta era de transformación tecnológica, es vital desarrollar estrategias digitales para documentar violaciones de derechos humanos, analizar datos con fines de rendición de cuentas o reparación y defender los derechos humanos de manera segura en línea. Esto es particularmente cierto en contextos donde las víctimas, los actores de derechos humanos y los miembros de los medios de comunicación viven con miedo. Con este fin, el ICTJ ha ofrecido capacitaciones para activistas de derechos humanos en países de habla árabe afectados por conflictos sobre herramientas de investigación de código abierto para ayudarlos a hacer su trabajo de manera más eficaz.

El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas.

La vida de las mujeres sufre afectaciones diferenciales y profundas a causa de estas violaciones y cualquier respuesta oficial a ellas. A menudo, estas afectaciones son invisibles. En las sociedades que lidian con las consecuencias de atrocidades masivas, es crucial enfatizar en este tipo de experiencias puntuales si se quiere lograr su reconocimiento y reparación. Por lo tanto, se debe crear un espacio para que las mujeres víctimas compartan sus experienciasLibia es uno de esos países. Para ayudar a hacer oír las voces de las mujeres víctimas y defensoras de derechos humanos allí, el ICTJ ha estado colaborando con diversas organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres desde 2019, reuniéndolas y ayudándolas a desarrollar sus capacidades.