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Aunque los jóvenes fueron la fuerza vital de las revoluciones en Túnez, Libia y Líbano, sus vidas no han mejorado significativamente desde entonces. Muchos se han visto obligados a abandonar sus países de origen por razones socioeconómicas o políticas. Un nuevo libro del ICTJ recoge los testimonios de 18 jóvenes migrantes que tomaron esta difícil decisión.

Víctimas, defensores de la sociedad civil, legisladores y socios se reunieron recientemente en una mesa redonda de alto nivel sobre la integración de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en el proceso de justicia transicional de Etiopía. La reunión, organizada por el ICTJ y el Centro de Incidencia Política para la Democracia y el Desarrollo, ofreció un espacio para que los participantes debatieran la necesidad de la SMAPS y cómo mejorar el acceso a ella en todo el país.

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca extinguir la responsabilidad penal por ciertos actos cometidos en el país durante los últimos 26 años. Si bien la ley ha generado debate, sin duda representa un avance significativo en el panorama político del país.

Recientemente, el ICTJ reunió a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados de Libia, Sudán, Siria, Túnez y Yemen para un taller sobre investigaciones digitales de fuente abierta. El curso, que tuvo lugar del 3 al 8 de noviembre en Kampala, Uganda, capacitó a los participantes en el uso de herramientas de fuente abierta con el objetivo de fortalecer su labor de investigación, documentación y seguimiento de violaciones de derechos humanos.

El 28 de julio de 2025, el Consejo Estatal Regional Somalí aprobó una resolución que designa el 6 de abril como Día de Conmemoración de las Víctimas, reconociendo formalmente a quienes sufrieron violencia y violaciones de derechos humanos en la región somalí de Etiopía. Durante años, las víctimas y los actores de la sociedad civil, con el apoyo del ICTJ y otros socios internacionales, han abogado persistentemente por este reconocimiento, que marca un hito en el camino de Etiopía hacia la rendición de cuentas y la reparación.

En esta era de transformación tecnológica, es vital desarrollar estrategias digitales para documentar violaciones de derechos humanos, analizar datos con fines de rendición de cuentas o reparación y defender los derechos humanos de manera segura en línea. Esto es particularmente cierto en contextos donde las víctimas, los actores de derechos humanos y los miembros de los medios de comunicación viven con miedo. Con este fin, el ICTJ ha ofrecido capacitaciones para activistas de derechos humanos en países de habla árabe afectados por conflictos sobre herramientas de investigación de código abierto para ayudarlos a hacer su trabajo de manera más eficaz.

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

In the aftermath of armed conflict or repression, communities often struggle to rebuild social relations that have been damaged or destroyed by violence and abuse. Restorative justice can potentially play a valuable role in such societies, bringing together the people who have been harmed by crimes and the individuals responsible for those harms, often in the form of a dialogue, to address the offense and its consequences. A new ICTJ research report offers insight and guidance on the use of a restorative justice framework in responding to massive and grave human rights violations, drawing primarily from experiences in Colombia, Sierra Leone, Tunisia, and the Philippines’ Bangsamoro region.